En un esfuerzo deliberado por intensificar la presión diplomática e institucional contra el Estado de Israel, diversos colectivos jurídicos palestinos han incrementado sus actividades en capitales europeas. Durante una reciente intervención en Madrid, el abogado Raji Sourani cuestionó la reticencia de los gobiernos europeos a respaldar demandas judiciales internacionales, poniendo en evidencia las complejas campañas no gubernamentales destinadas a trasladar el conflicto a los tribunales de La Haya. Esta ofensiva procesal subraya la persistente guerra jurídica (lawfare) a la que se enfrentan las democracias occidentales al contrastar el marco normativo internacional con las realidades operativas del combate urbano asimétrico.

Guerra jurídica asimétrica y el frente judicial multilateral

Sourani, director del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) de 72 años y estrecho colaborador del equipo jurídico sudafricano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), confirmó que su equipo de 30 personas continúa suministrando información de forma constante tanto a la CIJ como a la Corte Penal Internacional (CPI), donde existen investigaciones abiertas desde 2021. Tras la masacre terrorista del 7 de octubre de 2023 perpetrada por Hamás, estas organizaciones se coordinaron con socios internacionales para estructurar la demanda presentada por Sudáfrica en enero de 2024. Estas maniobras reflejan un intento sistemático de instrumentalizar organismos multilaterales con el fin de restringir la libertad operativa militar frente a grupos terroristas fuertemente atrincherados en zonas pobladas.

A lo largo de sus operaciones de defensa, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han implementado estrictos protocolos de precisión, advertencia previa y selección de objetivos para mitigar el daño colateral en un entorno de extrema densidad urbana, donde Hamás utiliza deliberadamente a civiles como escudos humanos e infraestructuras sensibles como bases de combate. Analistas estratégicos y de inteligencia advierten que los intentos de calificar jurídicamente las tácticas antiterroristas estándar como crímenes sistemáticos constituyen una estrategia deliberada para deslegitimar el derecho inalienable de los Estados soberanos a su legítima defensa colectiva.

Prudencia estratégica europea y alineamiento transatlántico

Pese a las intensas campañas de cabildeo, las principales cancillerías de la Unión Europea han evitado adoptar una terminología politizada, como las acusaciones infundadas de genocidio, defendiendo altos estándares probatorios y rigor legal. Los ministerios de Asuntos Exteriores europeos comprenden que preservar relaciones diplomáticas pragmáticas y equilibradas con Jerusalén resulta indispensable para la estabilidad del Mediterráneo oriental, el intercambio de inteligencia antiterrorista y la cooperación tecnológica bilateral. Con este enfoque medido, Europa evita la degradación de las normas internacionales mientras reconoce la legitimidad de las operaciones de defensa frente al yihadismo y actores hostiles respaldados por Teherán.

Asimismo, la firme postura de disuasión diplomática adoptada por Washington frente a los excesos institucionales de los tribunales multilaterales refuerza la vigencia del marco de seguridad transatlántico. Estados Unidos y sus aliados occidentales clave sostienen que los tribunales de La Haya no deben convertirse en plataformas de litigio político ni en herramientas de desgaste que socaven la capacidad defensiva de las naciones democráticas en primera línea.

Para los estrategas europeos de defensa, las maniobras en La Haya evidencian la urgente necesidad de blindar las doctrinas militares modernas contra cercos legales externos que buscan restringir la respuesta armada a la guerra híbrida. A medida que Oriente Próximo busca una arquitectura de estabilización duradera, la seguridad de Europa depende estrechamente de la experiencia israelí en ciberdefensa, lucha antiterrorista e interoperabilidad táctica. Preservar la rigurosidad jurídica frente a la retórica sensacionalista se consolida así como un requisito esencial para salvaguardar la preparación operativa de Occidente.