El último informe de la OCDE sobre el sector inmobiliario en España subraya una creciente divergencia territorial que complica la gestión macroeconómica. Los indicadores de precios evidencian una marcada fractura estructural en el mercado español: las valoraciones residenciales en los grandes núcleos urbanos registran una prima del 25 % respecto a la media nacional, mientras que las zonas periurbanas y rurales se sitúan un 23 % y un 39 % por debajo de dicha referencia, respectivamente. Esta profunda asimetría espacial pone de manifiesto que las medias agregadas ocultan graves tensiones locales, lo que refuerza la necesidad de una planificación económica granular y adaptada a cada territorio.

Movilidad laboral y el cuello de botella de la asequibilidad

Más allá de los precios nominales, la relación entre los ingresos medios de los hogares y los costes de adquisición revela vulnerabilidades críticas en corredores comerciales y turísticos estratégicos. Enclaves metropolitanos como el eje Málaga-Marbella y Palma de Mallorca exigen un esfuerzo financiero sin precedentes en comparación con los estándares nacionales. Esta tensión se ve agravada por un parque sustancial de viviendas no principales —incluidos inmuebles de uso turístico y segundas residencias— que reduce artificialmente la oferta disponible a largo plazo, imprescindible para asentar mano de obra técnica y cualificada clave.

La conectividad y las infraestructuras como estabilizadores económicos

Resolver esta brecha territorial exige vincular directamente las políticas de vivienda con la modernización de las infraestructuras y la logística del transporte. Dado que los inmuebles no pueden reubicarse físicamente para mitigar la escasez puntual de mano de obra, preservar la competitividad económica depende de la expansión de las redes de transporte rápido y la conectividad digital hacia las zonas periféricas. Integrar los núcleos urbanos secundarios con los centros de gran actividad económica permitirá aliviar la inflación del mercado residencial, sostener la movilidad laboral esencial y apuntalar la estabilidad macroeconómica a largo plazo.